SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA FISCALIA DEL D.N, INAUGURARON NUEVO LOCAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PERSECUSIÓN DEL DELITO FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Y LA FISCALIA DEL D.N, INAUGURARON NUEVO LOCAL DE LA UNIDAD

ESPECIALIZADA EN PERSECUSIÓN DEL DELITO FINANCIERO

En colaboración con la embajada de Inglaterra en el país y en un esfuerzo conjunto entre la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Procuraduría General de Republica y la Superintendencia de Bancos de la RD, fue inaugurado hoy el nuevo local que alojara la unidad especializada en persecución del delito financiero y que será dirigida por el Ministerio Público y contara con apoyo de la Superintendencia de Bancos y tendrá por misión, investigar, perseguir y someter a la justicia a personas y entidades que se están dedicando sin autorización de la junta monetaria, a realizar intermediación financiera y captación de recursos del publico de manera ilegal.

Para este acto fueron invitados el jefe de la policía Nacional, los miembros de la junta monetaria, altos ejecutivos de la Superintendencia de Bancos, los directivos de la asociación de Bancos comerciales, altos ejecutivos de entidades financiera, estuvieron presentes el procurador general de la Republica Jean Alain Rodríguez, la procuradora fiscal del D.N, Yeni Berenice Reynoso, El procurador fiscal de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de La Vega, los coordinadores de varios departamentos de la fiscalía del Distrito, periodistas y abogados, dedicados a perseguir los diferentes tipos de fraudes bancarios, entre los que se destacan el Lic. César Amadeo Peralta.

Las nuevas oficinas que alojaran esta unidad están ubicadas en la avenida abraham Lincoln, esquina 27 de Febrero, tercer nivel en Unicentro plaza y cuenta con amplias oficinas y disponibilidad de parqueos, los que facilitara el acceso de las personas que vayan a denunciar los diferentes tipos de delitos que allí se cometen y se encuentra prácticamente en un local contiguo con la oficina de servicios y protección al usuario (prousuario), quien se dedica a la recepción y tramitación de las reclamaciones de los usuarios del sistema financiero.

Esta Procuraduría Especializada actuaria con mayor premura ante las denuncias o querellas que cometan los altos ejecutivos de entidades financieras e impediría el escape hacia otros países para evadir la persecución judicial, tal cual es el caso de doce (12) acusados por el fraude en Banco Peravia y de otros que han sido detenidos antes de abordar diferentes vuelos a países que harían imposible los procesos de extradición y que, con la sola intervención de esa Procuraduría, esos acusados de delitos financieros y fraudes tributarios, podrían ser sentados en el banquillo de los acusados en un tiempo record.

La creación de esta entidad, pondría al Consejo de Directores, Funcionarios, Auditores, Empleados, Comisarios de Cuentas, y Funcionarios de Alta Gerencia de las entidades de Intermediación Financiera, reguladas o no, en serios aprietos porque tendrían muy alta responsabilidad, cuando se les comprueben violaciones a los artículos 3, 68 y 80 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, se constituirían en asociación de malhechores, podrían ser acusados de lavados de activos provenientes de infracciones muy graves y enfrentarse con penas de hasta 20 años de prisión, por violación a diferentes leyes.

Algunas de esas empresas, en violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, emitían diferentes modalidades documentales como son Certificados de Inversión, “Contratos de Préstamos con Intereses”, Papel Comercial, Certificados de Valor, Contratos de Inversión,  Contrato de Inversión Sinalagmática, Certificado de Negocios a Plazo Fijo, Inversión en Dólares, entre otros, y que no importa el nombre que le pongan, constituyen una violación al Artículo 3, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, debido a la captación ilegal, y que de igual modo ha sido una práctica de algunas empresas dedicas a la construcción, la emisión de títulos de valor, bonos de inversión, “préstamos para la construcción”.

Si mencionáramos los montos envueltos en diversos fraudes financieros, podemos evaluar el caso de TelexFree, en cerca de RD$ 1,000,000.000.00 de pesos, y que no hubo sanciones ni condenas en nuestro país, a pesar de haber estafado a cientos de familias, de igual modo, el fraude ocurrido en Banco Peravia, por unos RD$ 1,400,000,000.00 de Pesos, en Empresas Belgar, por unos RD$ 500,000,000.00 de Pesos, Financiera Inversia, por unos RD$ 1,400,000,000.00  de Pesos, Banco Providencial, por unos RD$ 600,000,000.00 de Pesos, Inversiones, Prestamos y Descuentos (IMPREDESA), por unos RD$ 600,000,000.00, Morales Comercial, por unos RD$ 600,000,000.00 de Pesos, Inversiones al Día (INVERDISA), por unos RD$ 500,000,000.00  de Pesos, Inversiones y Prestamos Veganos, por unos RD$ 400,000,000.00 de Pesos, Corporación de Crédito Rona, por unos RD$ 300,000,000.00 de Pesos, CORPORACION DE CREDITO ORIENTAL, RD$1,600,000,000.00 de pesos, Betances Vargas y Asociados, soluciones financieras y MoneyFree y otras de menor tamaño que se dedicaban a la captación de recursos del público, sin estar autorizados.

Entrevistado con este tema, el Lic. César Amadeo Peralta, entiende que esto hace necesario que la Procuraduría General de la República pueda crear una Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y del Fraude Tributario,  debido a la inmensa cantidad de recursos que en franca violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, manejan muchas entidades, unas reguladas, otras no, y que en definitiva, afectan el patrimonio de cientos de familias, unos que confiando en el sistema, depositaron los ahorros de toda su vida, y otros llevados por falsas promesas de jugosas ganancias y de elevados intereses que otras instituciones bancarias no le ofrecen, así como la alta tasa de defraudaciones fiscales llevadas a cabo en perjuicio del Estado Dominicano, y no solamente a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), o la Dirección General de Aduanas (DGA), si no en contra de innumerables instituciones estatales.

De igual modo, la Ley No. 249-17 sobre Mercado de Valores, de fecha 21 de diciembre de 2017, constantemente es vulnerada sin consecuencias jurídicas y más aún, cuando se expande el mercado del fideicomiso, el cual ha demostrado ser vulnerable y del cual no se conocen sanciones que también podrían ser atribuciones de esa Procuraduría Especializada en Persecución del Delito Financiero y Tributario.

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